Elección del Poder Judicial y el juego sucio en redes sociales

A una semana, es decir, el próximo 30 de marzo, inician formalmente las campañas electorales de los candidatos que aspiran a ocupar algún cargo de juzgador dentro de la nueva –y muy desafortunada– era del Poder Judicial de la Federación. Previo a esta fecha, los abogados ya han invadido las redes sociales, pues muchos de los aspirantes han comenzado a realizar proselitismo de su imagen, promoviendo sus perfiles como expertos y eruditos en derecho, con el ánimo de generar engagement, ya sea bailando, contando si prefieren los perros o los gatos u ofreciendo un tour virtual por sus oficinas.

Mientras que a algunos aspirantes se les cerraron las puertas para poder promocionarse con adjetivos como “el abogado del pueblo” o “defensor del pueblo” en las boletas, ciertos candidatos no han dejado de aprovechar la posibilidad de hacerse publicidad en redes sociales, bautizándose como “el abogado bailarín” tras grabarse desde un juzgado o saliendo de una audiencia.

Todo esto ocurre a pesar de que, de acuerdo con los lineamientos para esta elección establecidos por el INE, los candidatos no podrán pagar espacios en medios de comunicación ni publicidad en redes sociales, aunque sí podrán salir a las calles a tocar puertas, repartir volantes e ir a foros académicos. Poco le han importado estas medidas, por ejemplo, a la ministra Yasmín Esquivel, quien se vio envuelta en controversia en noviembre del año pasado, cuando El Sabueso identificó un gasto de 32 mil pesos para promover su contenido en las plataformas de Meta: Facebook e Instagram.

Sin embargo, semanas atrás hemos podido presenciar en redes sociales tanto publicaciones de cuentas públicas de algunos aspirantes como contenido relacionado con la elección, ya sea de ciudadanos individuales o en ataques realizados mediante esquemas digitales de bots electorales.

El manejo de la publicidad en redes sociales se convierte en una de las muchas deficiencias que ha traído la pésima aplicación de la famosa Reforma Judicial, pues ante la falta de legislación sobre la regulación adecuada de estas plataformas en campañas electorales, al Instituto Electoral solo le queda establecer lineamientos tan genéricos, ambiguos e imprecisos que difícilmente podrá ejecutarlos de manera efectiva contra quienes los incumplan.

Guerra sucia en redes: candidatos, Morena y la oposición

En México no existe un control regulatorio de las redes sociales para su uso en campañas electorales, y aprovechándose de esta deficiencia legislativa, ya hay candidatos a juzgadores y partidos políticos, pero sobre todo sus partidarios, que han comenzado la guerra sucia en plataformas como Twitter (ahora X), Facebook, TikTok, Instagram o en grupos de WhatsApp. En estas plataformas ya circulan publicaciones y mensajes en los que algunos candidatos son acusados de tener nexos con el crimen organizado, de ser allegados a partidos políticos –en su mayoría a Morena– o, por el contrario, de pertenecer al grupo de los cercanos a la actual presidenta de la SCJN, Norma Piña.

Es realmente triste y vergonzoso que hayan pasado los primeros filtros para convertirse en candidatos personas como Jesús Humberto Padilla Flores, aspirante a juez penal en Nuevo León, o Gilberto Salazar, candidato a magistrado en Veracruz, quienes han sido evidenciados por su relación cercana y directa con grupos del crimen organizado de dichas regiones. O en Sonora, donde existen acusaciones contra Andrés Montoya, quien ocupaba el cargo de subdirector del Sistema Penitenciario en el estado y ha sido vinculado con la desaparición del periodista Alfredo Jiménez Mota.

Y en medio de todas estas acusaciones, lo cierto es que, de acuerdo con la ley electoral, los partidos políticos tienen prohibido inmiscuirse en la próxima contienda electoral judicial. Pero al partido mayoritario parece importarle muy poco el cumplimiento de esta restricción, pues, encabezado por Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de los diputados federales de Morena, fue él quien creó la organización Construyendo Justicia para difundir información sobre la primera elección del Poder Judicial.

Construyendo Justicia se formó el pasado 28 de febrero, y entre su programa de trabajo para las campañas judiciales contempla pintar bardas, realizar llamadas telefónicas, visitar universidades y transmitir información sobre los candidatos a juzgadores “honestos”.

Por otro lado, tenemos a una oposición, principalmente compuesta por miembros de Acción Nacional, que señala y condena estas acciones. Sin embargo, como siempre, habrá que esperar el resultado de las impugnaciones que seguramente han interpuesto ante el Tribunal Electoral, aunque difícilmente tendrá consecuencias suficientes para revertir todos estos actos de incumplimiento del partido en el poder.

Claro y de Frente

Desafortunadamente, la primera ejecución de la Reforma Judicial es una realidad que todos los mexicanos enfrentaremos el próximo 1 de junio. Es importante que los mexicanos no olvidemos a quienes han llevado al país hasta este punto: políticos que solo buscan proteger sus intereses y ambiciones personales por encima de los de sus representados, como los senadores Miguel Ángel Yunes, Daniel Barreda, Araceli Saucedo y José Sabino Herrera, incluyendo al ministro Alberto Pérez Dayán, quienes en su momento tuvieron la oportunidad de impedir este golpe a la democracia y la justicia del país, o al menos aminorarlo, pero Morena logró imponerse.

Es preocupante que, en lugar de generar un debate informado y constructivo sobre la elección del Poder Judicial, las redes sociales se convertirán en un campo de batalla donde la desinformación y la manipulación juegan un papel protagónico. La presencia de bots en ambos bandos refuerza la narrativa de que la discusión electoral está siendo intervenida por intereses que buscan polarizar aún más a la ciudadanía. Esto desvirtúa el objetivo de la elección y aumenta la desconfianza en un proceso que todos sospechamos que no será muy democrático.

A poco más de dos meses de la jornada electoral, el reto para la ciudadanía es mayor: distinguir entre la información legítima y las estrategias de manipulación, tratar de identificar a los buenos candidatos y a quienes han sido impuestos por el partido dominante, y acudir a las urnas con un criterio fundamentado en datos reales. Más allá de la guerra en redes, el voto informado sigue siendo la herramienta más poderosa para definir el rumbo del país. ¿Qué tan efectivo será? Ya veremos el 1 de junio.

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