El exesposo de la gobernadora de Baja California difundió un video para negar señalamientos. En paralelo, un llamado a solicitar licencia reactiva el debate sobre transparencia, poder y “narcopolítica”.
Carlos Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, publicó hoy un video en sus redes sociales asegurando estar dispuesto a “dar la cara” ante las investigaciones que lo involucran, sin mencionar su ubicación ni aportar evidencia clara sobre su situación legal. Lejos de poner fin a las dudas sobre su estatus en el proceso, la grabación ha reactivado el escrutinio público.
La difusión de este mensaje, emitido sin contexto ni comparecencia ante autoridades, ha sido interpretada por analistas como un intento de mitigar el daño mediático, pero con un resultado ambiguo: aumenta la atención sobre lo que no se ha explicado.
En medio de este contexto, en días recientes Vania Pérez Morales, Presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), hizo un llamado público a la gobernadora Marina del Pilar para que renuncie o solicite licencia de su cargo por “responsabilidad institucional”, argumentando que ello permitiría garantizar “máxima transparencia, imparcialidad y confianza ciudadana” ante la situación que preocupa a la sociedad.
A través de redes sociales, Pérez Morales sostuvo que la medida no busca prejuzgar culpabilidades, sino separar a la mandataria de la gestión para evitar cualquier percepción de conflicto de interés en torno a la investigación federal sobre su exesposo.
Hasta el momento, Marina del Pilar ha rechazado este exhorto y ha asegurado que continuará al frente del gobierno de Baja California, calificando la situación como un momento de presión política y defendiendo que no existe impedimento legal para seguir en el cargo.
El costo político directo para la gobernadora
Aunque por el momento la gobernadora no es objeto de una investigación directa, la convergencia de estos hechos ha generado un desgaste político significativo. Sectores de la oposición y organizaciones de la sociedad civil han señalado que la persistencia de este escenario puede afectar la percepción de integridad de su administración y de su partido, Morena.
Las dudas se intensifican si se considera el trasfondo de las investigaciones y la visibilidad mediática que han tenido los señalamientos tanto contra Carlos Torres como contra otras personas vinculadas al entorno político del estado.
La problemática no ocurre en el vacío. Baja California ha sido un estado especialmente vulnerable a señalamientos de correlación entre poder político y redes del crimen organizado. Aunque la gobernadora ha intentado deslindarse de las imputaciones hacia su exesposo y afirmar que confía en la autonomía de las investigaciones, la percepción de cercanía política continúa siendo un punto de crítica recurrente.
La petición de separación temporal del cargo hecha por la Presidenta del SNA plantea un dilema institucional: ¿cuándo es legítimo exigir la separación de un cargo público para preservar la confianza ciudadana ante investigaciones en el entorno de un funcionario? Este debate toca cuestiones profundas sobre la transparencia, la rendición de cuentas y los mecanismos de supervisión ciudadana en México.
Por ahora, la gobernadora se mantiene en su puesto y ha defendido la legalidad de su continuidad. Sin embargo, las tensiones entre percepción pública, exigencia ciudadana y equilibrios institucionales que caracterizan la política contemporánea en México. ⑧