El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha encendido las alarmas al señalar a una legisladora de Morena en funciones como parte de una red criminal. Las acusaciones apuntan directamente a su gestión como alcaldesa en un municipio clave para el narcotráfico fronterizo.
El gobierno de Estados Unidos sancionó a Hilda Araceli Brown Figueredo, exalcaldesa de Rosarito y actual diputada federal por Morena, por su presunta participación en una red de protección institucional vinculada al Cártel de Sinaloa, específicamente a la facción conocida como Los Mayos.
La medida fue anunciada el 18 de septiembre de 2025 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, que incluyó a Brown Figueredo en su lista de personas sancionadas bajo la categoría de “narcotraficantes especialmente designados” (SDN, por sus siglas en inglés).
De acuerdo con el comunicado oficial, la OFAC sostiene que durante su administración municipal (2021–2024), Brown Figueredo mantuvo una relación cercana con Candelario Arcega Aguirre, identificado como un operador político del grupo criminal. Esta relación, señala el informe, permitió a Arcega influir directamente en decisiones del gobierno local, lo que a su vez facilitó las operaciones de Los Mayos en Playas de Rosarito.
También figura en el mismo entramado Jesús González Lomelí, empresario local sancionado por Estados Unidos, quien presuntamente actuó como intermediario financiero del grupo. Según el Departamento del Tesoro, González Lomelí y Arcega trabajaban en conjunto con los hermanos Alfonso y René Arzate García, operadores del Cártel de Sinaloa en la región, para consolidar control territorial y expandir negocios que presuntamente sirvieron como vehículos para el lavado de dinero.
La OFAC señala que esta red criminal operó con la protección institucional de las autoridades municipales, incluidas partes de la Secretaría de Seguridad Pública local, y que facilitó actividades delictivas como extorsión, tráfico de drogas y lavado de activos a través de negocios relacionados con bares, restaurantes, transporte y hospitalidad.
La inclusión de Brown Figueredo en la lista de sancionados implica el congelamiento inmediato de cualquier activo bajo jurisdicción estadounidense, así como la prohibición para ciudadanos y empresas de ese país de realizar transacciones con ella. Aunque el gobierno de Estados Unidos no reveló montos específicos ni ubicaciones de bienes, sí detalló un conjunto de entidades empresariales relacionadas con los implicados en Baja California.
Brown Figueredo ha negado públicamente las acusaciones. En declaraciones a medios nacionales, afirmó que no ha recibido notificación de que sus cuentas hayan sido congeladas y que, hasta donde tiene conocimiento, no existe en México una investigación judicial formal en su contra. Calificó el señalamiento como un intento de dañar su imagen y descartó vínculos con cualquier grupo delictivo.
Cabe señalar que las sanciones de la OFAC no equivalen a una acusación penal formal ni a una sentencia judicial. Se trata de una medida administrativa del gobierno estadounidense basada en investigaciones financieras, inteligencia y cooperación internacional. En México, la apertura de una investigación penal corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR), que hasta ahora no ha emitido postura pública sobre el caso.
Este episodio renueva las preocupaciones sobre la infiltración del crimen organizado en gobiernos municipales, particularmente en zonas fronterizas. Rosarito ha sido identificado por diversas agencias internacionales como una región de alto valor estratégico para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. La acusación contra una exalcaldesa en funciones como legisladora federal subraya los desafíos institucionales para prevenir que figuras con posibles nexos delictivos accedan a cargos de poder. ⑧