El senador y precandidato presidencial colombiano murió el 11 de agosto, 65 días después de recibir varios disparos en Bogotá. Su despedida en el Capitolio, entre pañuelos blancos, reavivó la memoria de una familia marcada por la violencia política.
La madrugada del 11 de agosto, el parte médico de la Fundación Santa Fe de Bogotá confirmó lo que Colombia temía desde hacía semanas: Miguel Uribe Turbay, de 39 años, no resistió las heridas del atentado del 7 de junio. Dos meses antes, en un parque de la localidad de Fontibón, un menor de 15 años le disparó a quemarropa mientras encabezaba un acto de campaña. Lo operaron una y otra vez. La hemorragia en el sistema nervioso central terminó por vencerlo.
Nadie en su equipo ni en la oposición que lo enfrentó con dureza ignoraba lo que significaba su apellido. Hijo de la periodista Diana Turbay —secuestrada por el cártel de Medellín y muerta en 1991 durante un fallido operativo de rescate— y nieto del expresidente Julio César Turbay, Miguel cargaba con un linaje que obligaba a mirar dos veces cada gesto. Su apuesta por la candidatura del Centro Democrático de cara a 2026 reavivó apoyos y resistencias, pero también una sombra que Colombia no termina de disipar: la del magnicidio como atajo político.
Esa tarde, en Fontibón, el discurso abordaba la salud mental y el trabajo digno. Los videos muestran el tropel, el miedo, la carrera inútil por cubrirlo con brazos y chaquetas. La Policía redujo al atacante y, desde entonces, la Fiscalía General de la Nación empezó a tejer el mapa de una red de sicarios: detenciones encadenadas, la pista de un arma que cruzó fronteras, los pagos prometidos, la búsqueda del autor intelectual. El país, otra vez, esperando nombres propios.
La noticia de su muerte sacudió la rutina nacional. Bogotá decretó duelo, la Torre Colpatria se iluminó y el féretro llegó al Capitolio Nacional, cubierto con la bandera de Colombia. En el Salón Elíptico, un silencio denso: pañuelos blancos agitándose en alto, la familia al frente, políticos de todos los colores formados para una guardia de honor. No fue un acto de unidad fingida, sino un ritual civil que, al menos por unas horas, permitió reconocer la tragedia.
Miguel Uribe había hecho carrera en Bogotá: secretario de Gobierno en el gabinete de Enrique Peñalosa, candidato a la alcaldía en 2019, senador desde 2022. Su discurso combinaba orden institucional y reformas graduales, una mezcla que le ganó adhesiones fuera de su partido y, al mismo tiempo, enemigos de oficio. Aun así, en las semanas posteriores al atentado se ensayó un raro consenso: sin importar las trincheras, atacar a un candidato es atacar el voto de todos.
La cronología, contundente, deja poco margen para la duda: atentado en junio, hospitalización crítica, detenciones y el adiós en agosto. El resto es contexto: un clima enrarecido rumbo a 2026, cruces entre justicia y política, teorías que corren más rápido que los comunicados. La pregunta que queda —y que Colombia viene arrastrando desde hace décadas— es si esta vez el expediente llegará al fondo o si, como tantas otras, la historia se resignará a un expediente abierto.
Quizá por eso el homenaje dolió distinto. En ese salón donde velaron a su abuela, Nydia Quintero, el país revivió el hilo que une tragedias privadas con fracturas públicas. De Diana a Miguel, una familia volvió a encarnar el costo de la violencia. Y, sin embargo, entre los pañuelos blancos quedó otra certeza: la democracia se defiende también con duelo, con memoria, y con la exigencia obstinada de justicia. ⑧