Washington aumenta la presión sobre funcionarios mexicanos cercanos a Morena, generando tensiones diplomáticas con el gobierno de Claudia Sheinbaum.
El gobierno federal de los Estados Unidos ha reactivado una estrategia de restricciones migratorias y posibles sanciones económicas contra políticos mexicanos, particularmente aquellos con presuntos vínculos con el narcotráfico. Así lo revela una investigación publicada por ProPublica el pasado 15 de mayo, citando fuentes del Departamento de Estado y del Tesoro de Estados Unidos.
Las medidas se basan en la Sección 212 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que permite negar visas a personas consideradas involucradas en actividades ilícitas o con nexos con el crimen organizado. La información también señala que el Departamento del Tesoro evalúa incluir a ciertos funcionarios en su lista de sanciones financieras, lo que congelaría sus activos en Estados Unidos y limitaría sus movimientos bancarios internacionales.
Uno de los casos más visibles es el de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y su esposo, Carlos Torres Torres. Ambos confirmaron públicamente la revocación de sus visas estadounidenses a través de redes sociales, aunque señalaron no haber recibido una notificación oficial sobre los motivos. Ávila negó haber cometido irregularidades y sostuvo que se trata de un acto «unilateral e injustificado».
La presidenta Claudia Sheinbaum, por su parte, ha pedido explicaciones al gobierno estadounidense, criticando la falta de comunicación oficial. «Estados Unidos debe informar al gobierno de México sobre este tipo de decisiones, más aún cuando afectan a representantes populares elegidos democráticamente», expresó en una conferencia reciente.
Según Latinus, la lista de personas sujetas a posibles restricciones incluye a otros gobernadores, legisladores y operadores políticos del partido Morena, aunque sus nombres aún no han sido revelados. El endurecimiento de estas medidas coincide con una postura más agresiva del gobierno de Trump en su segundo mandato, centrada en frenar la influencia del narcotráfico y en condicionar la cooperación bilateral.
Esta política ha generado incomodidad en Palacio Nacional, ya que pone en entredicho a funcionarios actuales sin pruebas públicas, y puede interpretarse como una forma de presión geopolítica. La falta de información oficial por parte de Washington también ha dificultado que el gobierno mexicano tome una posición clara, lo que ha incrementado las tensiones diplomáticas.
Analistas señalan que este endurecimiento de postura podría escalar, sobre todo si Estados Unidos opta por ampliar el uso de la Ley Kingpin, que permite sancionar a individuos y empresas extranjeras por supuesta colaboración con el narcotráfico, incluso sin condena judicial.
En este escenario, México enfrenta el reto de mantener una relación funcional con su principal socio comercial y, al mismo tiempo, defender la soberanía de sus instituciones democráticas. ⑧